Algo muy comentado detrás de las bambalinas de la política chilena es que el Presidente Boric y sus aliados más dilectos estarían renunciando a cumplir con su programa de gobierno, al ideario de las jóvenes agrupaciones de izquierda que, en un abrir y cerrar de ojos, se encumbraron al poder después del Exitoso Estallido Social del 2019. Un triunfo electoral que en buena parte se explica por el terror que le produjo a la derecha y al centro político la posibilidad de que fuera un comunista el que se impusiera sobre los abanderados de la derecha y de centro izquierda.
Gabriel Boric se proponía cambiar la matriz económica heredada de la Dictadura y que los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría le dieron continuidad. Lo que se explica en que los sucesores de Pinochet en La Moneda terminaron por encantarse con el modelo socioeconómico que, más allá de exhibir algunos buenos índices, profundizaron gravemente la desigualdad social. Además de incurrir en graves atentados a la probidad que tanto han conmovido a la opinión pública.
Ya hemos comentado la patética decisión de quienes hoy gobiernan en cuanto a prolongar la Carta Magna de 1980 debido al rechazo popular, mediante un plebiscito, a una propuesta constitucional que implicaba una drástica reforma al sistema institucional.
De esta forma, al cumplir la mitad de su gestión gubernamental se ve ya muy difícil que el Congreso Nacional pueda darle curso a un conjunto de proyectos del Ejecutivo tales como la reforma del sistema tributario, el mejoramiento de las vergonzosas pensiones de los jubilados, así como la aprobación de un conjunto de leyes destinadas a terminar con un sistema de salud que solo en el último año ha provocado, por ejemplo, la muerte de 44 mil pacientes en listas de espera por un tratamiento médico o cirugía. Incluso reformas tan emblemáticas como el pago a la deuda histórica con los profesores, como la condonación del crédito con aval del estado en favor de los estudiantes universitarios se hace hoy muy difíciles de cumplir por sus abultados montos.
Todo el espectro político concuerda en que el descontento de la población es generalizado y, por lo mismo, sería muy factible que volviera a materializarse un nuevo estallido social. Toda vez que el crimen organizado y la acción del narcotráfico están lejos de ser neutralizados por los estados de emergencia y la acción de las policías, a pesar de los ingentes recursos que se les destinan.
Todas las encuestas coinciden en marcar el desprestigio que afecta a todo el espectro político, así como también señalan la creciente desconfianza ciudadana en la propia democracia que tanto demoró en recuperarse. Al respecto, hasta se tuvo que legislar para imponer nuevamente el sufragio obligatorio ante el explosivo crecimiento de la abstención y el voto nulo o en blanco. Tal como ahora se busca fijarle un piso mínimo de apoyo a los partidos, a objeto de ponerle fin a una multiplicidad de referentes que no ofrecen mayores diferencias en su común avidez por acceder a los altos y bien remunerados cargos públicos.
Lo increíble es que los graves trastornos a nuestra convivencia, los cotidianos y espeluznantes homicidios, extorciones, secuestros, sobornos y toda suerte de asaltos a la propiedad fiscal y particular, no hayan logrado siquiera consensuar medidas efectivas de mitigación. Comprobándose, para colmo, que el crimen y la delincuencia hasta le sirven a la clase política para competir por sus mezquinos dividendos.
El escenario electoral se ha vuelto a abrir y tanto gobiernistas como opositores están empeñados en ser ungidos nuevamente por el voto popular. El destape por la prensa de los más bochornosos escándalos de malversación de caudales públicos demuestra que funcionarios públicos y partidos venían tejiendo todo un sistema delictivo para apropiarse de recursos destinados, incluso, a los más pobres. En cifras jamás alcanzadas, además, por el prontuario de la corrupción política del país.
Ya no se sabe en Chile quiénes roban más; si los integrantes de la vieja guardia o los novatos dirigentes de una generación que, decían, venían a “limpiar” la política. Si son más corruptos los de derecha o los de izquierda cuando su común esfuerzo consiste en equiparar sus tropelías a las de sus adversarios. Si son más ímprobos los ediles y concejales de las comunas pobres o los de aquellos en las que viven los más pudientes.
Todos los días se descubren desfalcos que, de lado y lado, demuestran que la política hace tiempo dejó de ser un apostolado (como se llegó a proclamar) para constituirse en una de las más lucrativas inversiones. Comparable a la suerte de ser nombrado administrador o gerente de las empresas del Estado; sobre todo, ahora, que desde la dirección de CODELCO (la principal empresa pública) sus autoridades tienen posibilidad de asociarse y convenir negocios hasta con entidades ayer usurpadas al Estado, como SQM, controlada por un ex yerno de Pinochet. Todo bajo la licencia otorgada, más encima, por el actual gobierno, que, desde La Moneda, hace justamente lo contrario de aquel patriótico empeño de Allende por nacionalizar nuestros recursos minerales.
En los últimos días, el millonario fraude consumado por la pandilla juvenil, del que pareció un promisorio referente de izquierda, ha sido igualado por la apropiación ilícita en la que se sindica a la ex alcaldesa derechista Cathy Barriga. 30 mil millones de pesos que ahora los tribunales deben dilucidar a cuántos bolsillos llegaron. En cifras que compiten, también, con las de aquellos fraudes cometidos por la alta oficialidad del Ejército y Carabineros. Uniformados que, además de asesinos, hoy son reconocidos también como ladrones. Contradiciendo aquello de ser los “valientes soldados que habéis sido de Chile el sostén”, según dice nuestro Himno Nacional.